Las autoridades consideraban a los consumidores de drogas como una amenaza que debía estar tras las rejas. Además, aprovechando la Guerra Fría el gobierno inventó sin ninguna prueba una conspiración que consistía en que los países con estados comunistas trataban de drogar a los ciudadanos estadounidenses. De esta forma, la presión de Anslinger condujo a que el presidente demócrata Harry S. Truman aprobara la Ley Boggs en 1951 que endurecía gravemente las penas por posesión de cannabis y decretaba sentencias mínimas obligatorias de 2 años por primera implicación (ya sea consumo o tenencia de cualquier cantidad por pequeña que fuera). Pocos años después, la influencia del Comisario de la Oficina Federal de Narcóticos llevó a la aprobación de la Ley de Control de Narcóticos de 1956 durante el mandato del republicano Dwight D. Eisenhower, era la ley federal de EE.UU. más dura de todas las promulgadas ante esta materia, elevando a 5 años de cárcel la condena por primera implicación y poniendo en la misma categoría que la heroína al cannabis.
En 1958 se hace público un estudio que comenzó tres años antes y que lo realizaron la American Medical Association y la American Bar Association. En éste se consideraba contraproducente la política de drogas llevada a cabo por el gobierno y hacía hincapié en investigar curas para la adicción en vez de castigar como medio de prevención y cura. Además, se afirmaba que la lucha contra las drogas en vez de solucionar problemas de marginación los producía. Pero la respuesta de Anslinger para desacreditarlo fue acusar a los investigadores de connivencia con los traficantes, irresponsabilidad y antipatriotismo.
El último paso que le faltaba dar a EE.UU. para controlar las drogas en un mundo en proceso de globalización era convencer a la ONU de que patrocinase unos acuerdos internacionales referente a los estupefacientes, para que cada país los persiguiera como hacían ellos. De esta forma, Harry J. Anslinger fue en 1961 a las Naciones Unidas y utilizó la influencia de EE.UU. para que los países unificaran sus diferentes acuerdos sobre drogas en un tratado único e inflexible ilegalizando el cannabis en todo el mundo, dando como resultado la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”. Al año siguiente, el mayor exponente de la cruzada contra el cannabis Harry Jacob Anslinger se retiró de su cargo, su sucesor fue Henry Giordano.
Una variable ilustrativa de la lucha contra las drogas en EE.UU. es el dinero gastado y su vertiginoso aumento con el transcurso del tiempo. Entre 1937 y 1947 el gobierno gastó 220 millones de dólares, entre 1948 y 1963 unos 1.500 millones, los siguientes 5 años se gastaron 9.000 millones de dólares, de 1970 a 1977 hubo un gasto de 76.000 millones, y entre 1980 y 1998 la escandalosa cifra de 214.700 millones de dólares. Unas desorbitadas cantidades de dinero que no han servido para controlar el consumo de drogas, pero ha creado un gran aumento del número de prisioneros en las cárceles y que EE.UU. sea el país con más alto nivel de consumo de cannabis considerando América, Europa y Asia, además de ser el mayor consumidor de cocaína del mundo; lo que supone que la política represiva de drogas en EE.UU. es ineficiente. ¿Por qué EE.UU. prefiere gastar tanto dinero en la represión policial y judicial en vez de gastarlo en la educación científica de los ciudadanos sobre las drogas? En Holanda, un país donde no se persigue el consumo, ni la tenencia, ni la compra de pequeñas cantidades de cannabis, y se fomenta la información y educación relativa a las drogas desde la niñez, las estadísticas señalan un consumo menor de todas las drogas (sobre todo del cannabis), en comparación con otros países como España o EE.UU. donde sí se persigue y reprime policialmente la tenencia, consumo y venta de cualquier cantidad de cannabis por pequeña que sea.
Como hemos visto, los motivos que llevaron al gobierno de EE.UU. a prohibir el cannabis no fueron científicos ni médicos, fueron de tipo económicos por la presión de la elite estadounidense (ligada a la ultraderecha) al gobierno que les complació para así obtener su apoyo y mantenerse en el poder. Una prohibición sin estudios científicos previos y con la oposición de expertos como los de la American Medical Association y que se basó en el fomento del miedo y la alarma social de la población por medio de mentiras y manipulaciones del gobierno, en vez de tratar de educar y estudiar científicamente el asunto. Además de la inexistencia de estudios previos, se persiguieron para su ocultación y/o manipulación estudios posteriores de riguroso carácter científico y médico que contradecían las afirmaciones que llevaron al gobierno a ilegalizar el cannabis, como por ejemplo el estudio de LaGuardia en Nueva York en 1944, el informe de la American Medical Association y la American Bar Association en 1958, el Informe de la Comisión Nacional sobre la Marihuana de 1972[2] que fue encargado y posteriormente ignorado por el presidente republicano Richard Nixon donde se afirmaba que el consumo y posesión de marihuana dentro de una casa no debería ser delito, que su consumo no causaba criminalidad y que las leyes conducían a una persecución selectiva; o el estudio en 1995 que prohibió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en 1998 sacó a la luz la revista “New Scientist” que señalaba, tras una comparación con drogas como el alcohol y el tabaco, que el cannabis era menos dañino para la salud que esas drogas legales, pero la OMS tuvo que ceder a las presiones de EE.UU. y prohibirlo porque el Instituto Nacional Norteamericano sobre el Abuso de Drogas afirmaba que ese estudio daría argumentos a favor de la legalización del cannabis. ¿Qué intereses siguen existiendo para evitar por todos los medios que se legalice el cannabis? Tendríamos que volver la mirada de nuevo a EE.UU., y a sus empresas textiles, madereras y de hidrocarburos, y con una especial atención a las empresas multinacionales farmacéuticas[3] que poseen las patentes de los derivados del cannabis y su relación con los miembros de los gobiernos del país.
*****
En conclusión, la ilegalización del cannabis que encabezó a nivel mundial EE.UU. no se basa en datos científicos sino en mentiras, manipulación y desinformación producidas por la mutua complicidad entre la ultraderechista elite estadounidense y los diferentes gobiernos del país. Y por todo esto, emplazo al gobierno español a que replantee su política de drogas y a que no haga leyes que sólo complazcan los intereses de EE.UU. y no solucionen el grave problema. La política española actual de represión y desinformación ha llevado a que tengamos consumos de drogas muy altos, siendo el país mayor consumidor en Europa y Asia de cannabis, y el segundo más alto del mundo de cocaína. Tenemos una política de drogas ineficiente e ineficaz, basada en el castigo como medio de prevención y cura, en vez de basarse en una mejora en la educación científica de la ciudadanía sobre la droga. ¿El gobierno español tiene miedo de oponerse a los dictados de EE.UU.?
La educación científica es la base de la solución del problema.
En 1958 se hace público un estudio que comenzó tres años antes y que lo realizaron la American Medical Association y la American Bar Association. En éste se consideraba contraproducente la política de drogas llevada a cabo por el gobierno y hacía hincapié en investigar curas para la adicción en vez de castigar como medio de prevención y cura. Además, se afirmaba que la lucha contra las drogas en vez de solucionar problemas de marginación los producía. Pero la respuesta de Anslinger para desacreditarlo fue acusar a los investigadores de connivencia con los traficantes, irresponsabilidad y antipatriotismo.
El último paso que le faltaba dar a EE.UU. para controlar las drogas en un mundo en proceso de globalización era convencer a la ONU de que patrocinase unos acuerdos internacionales referente a los estupefacientes, para que cada país los persiguiera como hacían ellos. De esta forma, Harry J. Anslinger fue en 1961 a las Naciones Unidas y utilizó la influencia de EE.UU. para que los países unificaran sus diferentes acuerdos sobre drogas en un tratado único e inflexible ilegalizando el cannabis en todo el mundo, dando como resultado la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”. Al año siguiente, el mayor exponente de la cruzada contra el cannabis Harry Jacob Anslinger se retiró de su cargo, su sucesor fue Henry Giordano.
Una variable ilustrativa de la lucha contra las drogas en EE.UU. es el dinero gastado y su vertiginoso aumento con el transcurso del tiempo. Entre 1937 y 1947 el gobierno gastó 220 millones de dólares, entre 1948 y 1963 unos 1.500 millones, los siguientes 5 años se gastaron 9.000 millones de dólares, de 1970 a 1977 hubo un gasto de 76.000 millones, y entre 1980 y 1998 la escandalosa cifra de 214.700 millones de dólares. Unas desorbitadas cantidades de dinero que no han servido para controlar el consumo de drogas, pero ha creado un gran aumento del número de prisioneros en las cárceles y que EE.UU. sea el país con más alto nivel de consumo de cannabis considerando América, Europa y Asia, además de ser el mayor consumidor de cocaína del mundo; lo que supone que la política represiva de drogas en EE.UU. es ineficiente. ¿Por qué EE.UU. prefiere gastar tanto dinero en la represión policial y judicial en vez de gastarlo en la educación científica de los ciudadanos sobre las drogas? En Holanda, un país donde no se persigue el consumo, ni la tenencia, ni la compra de pequeñas cantidades de cannabis, y se fomenta la información y educación relativa a las drogas desde la niñez, las estadísticas señalan un consumo menor de todas las drogas (sobre todo del cannabis), en comparación con otros países como España o EE.UU. donde sí se persigue y reprime policialmente la tenencia, consumo y venta de cualquier cantidad de cannabis por pequeña que sea.
Como hemos visto, los motivos que llevaron al gobierno de EE.UU. a prohibir el cannabis no fueron científicos ni médicos, fueron de tipo económicos por la presión de la elite estadounidense (ligada a la ultraderecha) al gobierno que les complació para así obtener su apoyo y mantenerse en el poder. Una prohibición sin estudios científicos previos y con la oposición de expertos como los de la American Medical Association y que se basó en el fomento del miedo y la alarma social de la población por medio de mentiras y manipulaciones del gobierno, en vez de tratar de educar y estudiar científicamente el asunto. Además de la inexistencia de estudios previos, se persiguieron para su ocultación y/o manipulación estudios posteriores de riguroso carácter científico y médico que contradecían las afirmaciones que llevaron al gobierno a ilegalizar el cannabis, como por ejemplo el estudio de LaGuardia en Nueva York en 1944, el informe de la American Medical Association y la American Bar Association en 1958, el Informe de la Comisión Nacional sobre la Marihuana de 1972[2] que fue encargado y posteriormente ignorado por el presidente republicano Richard Nixon donde se afirmaba que el consumo y posesión de marihuana dentro de una casa no debería ser delito, que su consumo no causaba criminalidad y que las leyes conducían a una persecución selectiva; o el estudio en 1995 que prohibió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en 1998 sacó a la luz la revista “New Scientist” que señalaba, tras una comparación con drogas como el alcohol y el tabaco, que el cannabis era menos dañino para la salud que esas drogas legales, pero la OMS tuvo que ceder a las presiones de EE.UU. y prohibirlo porque el Instituto Nacional Norteamericano sobre el Abuso de Drogas afirmaba que ese estudio daría argumentos a favor de la legalización del cannabis. ¿Qué intereses siguen existiendo para evitar por todos los medios que se legalice el cannabis? Tendríamos que volver la mirada de nuevo a EE.UU., y a sus empresas textiles, madereras y de hidrocarburos, y con una especial atención a las empresas multinacionales farmacéuticas[3] que poseen las patentes de los derivados del cannabis y su relación con los miembros de los gobiernos del país.
*****
En conclusión, la ilegalización del cannabis que encabezó a nivel mundial EE.UU. no se basa en datos científicos sino en mentiras, manipulación y desinformación producidas por la mutua complicidad entre la ultraderechista elite estadounidense y los diferentes gobiernos del país. Y por todo esto, emplazo al gobierno español a que replantee su política de drogas y a que no haga leyes que sólo complazcan los intereses de EE.UU. y no solucionen el grave problema. La política española actual de represión y desinformación ha llevado a que tengamos consumos de drogas muy altos, siendo el país mayor consumidor en Europa y Asia de cannabis, y el segundo más alto del mundo de cocaína. Tenemos una política de drogas ineficiente e ineficaz, basada en el castigo como medio de prevención y cura, en vez de basarse en una mejora en la educación científica de la ciudadanía sobre la droga. ¿El gobierno español tiene miedo de oponerse a los dictados de EE.UU.?
La educación científica es la base de la solución del problema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario